La libertad de expresión amordazada

                                                                                             Imagen: Autor desconocido

Publicado en Levante de Castellón el 27 de enero de 2017

Este año, concretamente el 15 de junio, conmemoraremos el 40ª aniversario de las primeras elecciones democráticas, después de la muerte de Franco y sus cuarenta años de dictadura fascista, apostólica y romana. Es un motivo de celebración, a pesar de que hoy se está haciendo una revisión crítica de la Transición,  necesaria para la buena salud democrática del país. Aquellos años fueron de una intensa actividad política, de la que la sociedad no estuvo ausente, exigiendo más y mejor democracia. El resultado fue un país más tolerante, con unas enormes ganas de libertad y un mayor reparto de la riqueza, gracias a que el estado de bienestar empezó a desarrollarse, acercándonos a los países de nuestro entorno europeo.

                Una de las luchas más intensas que se llevaron durante toda la Transición fue la de la exigencia de libertad de expresión. No era una lucha baladí, teniendo en cuenta que veníamos de una dictadura donde que la prensa

estaba sometida, permanentemente, a la censura del Régimen, y sólo podían hablar con cierta alegría los aduladores de Franco, ya fueran curas, falangistas, pelotas o lameculos.

                Por eso fue de vital importancia, para que la democracia alcanzara las cotas normales en otros países, que no censuraran a nadie por sus opiniones y mucho menos lo encarcelaran, como sí era habitual durante la dictadura. Nadie, salvo los más retorcidos personajes del fascismo patrio, se planteaba poner límites a esa libertad, porque cuando se empiezan a trazar fronteras legales a la libertad de expresión, se cercena la democracia y nuestra libertad individual. Para los excesos estaban los tribunales, que dictaban sentencias sobre hechos concretos y nunca normas coercitivas de ese derecho.

                Sin embargo, en los últimos años, estamos asistiendo a una involución impuesta por la derecha más refractaria a la libertad de opinión pública o individual, que nos está retrotrayendo a unos tiempos pasados, que creíamos ya lejanos. El ascenso al poder por parte de sectores de neofascismo en el gobierno de los últimos años, muy personalizado en nacional/católicos como Fernández Díaz, exministro del Interior, nos ha conducido, con el beneplácito del gobierno, a leyes qué sólo tienen como fin coartar la libertad de expresión, amordazando a cualquier grupo o persona que representa una amenaza para las gentes de orden y, sobre todo, para sus economías, de ahí el nombre popular de Ley Mordaza que le ha dado al sabiduría ancestral de la sociedad española.

                Es inconcebible que en Estados Unidos, se pueda cagar uno (con perdón) en la bandera, o soltar por la boca culebras contra su presidente u otros altos cargos públicos, sin que nadie tema por ser enjuiciado,  y en España, por hacer varios chistes sobre Carrero Blanco, que en paz descase después de subir a los cielos, y publicarlos en twitter, la fiscalía pida para su autora dos años y medio de cárcel. ¿Qué está pasando, cuando se intenta encarcelar a sindicalistas, activistas sociales o personas que expresan sus opiniones en las redes sociales, por el simple hecho de protestar contra las instituciones y sus dirigentes? Algo no muy deseable.

                Estamos ante un atentado en toda regla contra la libertad de expresión sin precedentes en las últimas décadas. La manifestación de opiniones y actos públicos que hace unos años eran considerados como normales y saludables democráticamente, ahora se han convertido en delito, por la gracia de unas leyes hechas a la medida de una derecha (no toda afortunadamente)  que añora demasiado el franquismo. Y eso nos debería preocupar y hacernos exigir que Las Cortes y el gobierno deroguen de una vez por todas la Ley Mordaza. No es de recibo que cantantes como César Strawberry, del grupo Def con Dos, hayan sido condenados por el Supremo a un año de cárcel, por hacer comentarios sobre víctimas del terrorismo etarra, por muy desafortunadas y groseras que sean; aunque si hubiera sido sobre víctimas del 11-M, quizá hoy no estaría condenado.

                La libertad de expresión es un derecho y respetarlo no significa defender o participar de opiniones que no nos gustan, esa es la grandeza de la democracia que hoy, en España, está siendo secuestrada, por aquellos que sólo tienen interés en que nos pleguemos a sus dictados, es decir, acercarnos cada vez más a una dictadura pintada de rosa.