Ruido.
Demasiado ruido en la política española, que sólo sirve para salvar el culo de
algunos dirigentes políticos, que prometieron la luna a sus seguidores y no
pudieron pasar del cinturón de satélites artificiales que rodea la tierra.
Cacofonía sonora que oculta las verdaderas necesidades que tenemos los
españoles, en una pirueta circense que nos conduce al enquistamiento de los
problemas; un ejercicio de prestidigitación disonante que desvía nuestra
atención para fijarnos sólo en lo que no nos interesa.
Entre
esos problemas, uno de los más graves es el de la vivienda, por la incapacidad
o desinterés de la política y la sociedad para dar solución a la necesidad de
cualquier persona a tener un espacio donde vivir con dignidad a un coste
razonable. Es un derecho tan primario, que incluso está recogido en la
Constitución como un derecho inalienable.
El artículo 47 de la Constitución Española dice: «Todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los
entes públicos»
¿Entonces qué está pasando?
Asistimos a una defensa encendida de un
constitucionalismo de bandera, himno y patria, patria, patria, o de anuncios
que nunca llegan a materializarse, como si eso nos diera de comer o
proporcionara un habitad decente, por quienes entienden la vivienda como un
derecho selectivo, es decir para ricos o economías muy acomodadas, y el resto a
vivir en comuna o en cuevas (esto no es una metáfora, sólo tienen que darse un
paseo por lo que se está ofertando en las grandes ciudades como espacios donde
vivir). Y sin embargo, en esas mentalidades de capitalismo de sálvese quien
pueda, las personas que reclaman soluciones habitacionales o se rebelan contra
la despiadada lógica del mercado cuando les expulsan de sus casas, son tratados
como agentes antisistema; como enemigos del buen orden capitalista; como vagos
que quieren tener el privilegio de vivir en una casa donde levantarse cada
mañana y dormir cada noche.
Es decir, aquellos que defienden un derecho
constitucional son casi delincuentes y los que se lo saltan a la torera son
ciudadanos de buena familia. Es el mundo al revés. Un mundo donde la lógica
social de bien común está desapareciendo engullida por el voraz apetito del
capitalismo salvaje instalado en la sociedad. Y si esto pudiera ser
comprensible en aquellos agentes que sólo buscan la optimización del beneficio
caiga quien caiga, nunca lo puede ser en quienes tienen la obligación de poner
freno a esos intereses, para que todos y todas, podamos acceder a una vivienda o
no tener la Espada de Damocles inmobiliaria y financiera encima de nuestras
cabezas, cada vez de una forma más constante y estructural.
Son mucho los factores que han conducido en este
país a la situación actual de gravísimo problema de acceso a la vivienda. La
verdad es que nunca lo ha tenido solucionado, porque la especulación, que es
prima hermana de la corrupción, ha sido, casi siempre, la que ha marcado el
paso de la política habitacional. Pero nunca el problema ha sido tan grave como
el que se genera a raíz de la Ley del Suelo de 1998, aprobada por el gobierno
de José María Aznar, por la que se declaraba que todo terreno era urbanizable,
salvo que se dijera lo contrario. Esto supuso que los ayuntamientos, viendo que
se abría una vía de financiación importante, hicieran dejación de sus
obligaciones de ofertar vivienda pública en régimen de alquiler o VPO, para
llenar las arcas municipales y que algunos vecinos e inmobiliarias pasaran de
la noche a la mañana a enriquecerse. Pero también supuso que las comunidades autónomas
y el gobierno central hicieran la vista gorda al ver que su capacidad
recaudatoria aumentaba exponencialmente. Todo ello, sin hacer mención a que la
gran mayoría de la corrupción existente en España desde aquellos años, tiene
que ver con la especulación inmobiliaria. Esto es, grosso modo, un explicación
muy sucinta de los orígenes del problema actual. Pero lo cierto es que ningún
gobierno ha hecho los deberes como debería, promoviendo vivienda pública, y de
aquellos barros estos lodos.
Sólo hay una manera de acabar con el desorden de
precios tanto en la compra de vivienda, como en los alquileres. De nada sirven
medidas de autocontención, de fijación de precios, de eliminación de abusos o
recomendaciones que apelan a la buena voluntad del capital. A mi juicio, la
única forma de conseguir que todo el mundo pueda hacer efectivo el derecho a la
vivienda que recoge la Constitución, es el alquiler público, como existe en
otros países. Para no marear, no voy a poner datos comparativos con los países
de nuestro entorno, pero sí diré que España es el que tiene el porcentaje más
bajo de vivienda social de todos, con sólo un 3% del parque total.
O ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno
central se ponen manos a la obra urgentemente a construir, alcanzar acuerdos
con propietarios de viviendas vacías (muchas de ellas en manos de bancos: casi
400.000) y ofertar en alquiler los miles de viviendas que cayeron en manos de
la SAREB, ese banco inmobiliario público que se creó para aliviar las deudas
impagadas de la banca, que dispone de un parque de 50.000 viviendas vacías, o
nada va a frenar el problema de acceso a la vivienda que tiene millones de
españoles entre familias desfavorecidas y gente joven, a corto y medio plazo.
El gobierno actual ha anunciado la puesta a
disposición de 180.000 viviendas sociales. No es una cifra pequeña, aunque sí
insuficiente. Pero, de momento, sólo es un anuncio, sin concreción ni plazos ni
información veraz de ningún tipo. La oposición, en vez de apoyar la medida e
incluso mejorarla y exigir que se cumpla, que sería lo correcto en unos
dirigentes políticos preocupados por solucionar el problema, sigue envuelta en
la bandera, la unidad de España y las urgencias por alcanzar el gobierno (¿Para
solucionar el problema de la vivienda?). Y mientras, la vida de los españoles se
complica más y más, porque no nos olvidemos de que la imposibilidad de tener una
vivienda digna y a precio asequible, tiene connotaciones negativas en muchos
aspectos de nuestra vida.
Por último. La única manera de controlar el
apetito voraz de empresas y particulares con los precios del alquiler es
inundar el mercado de alquileres públicos y sociales. Es la lógica del mercado
competitivo: a más oferta precios más bajos.